¿Cómo podría solucionarse el problema del sistema universitario chileno? Glosas al petitorio de la CONFECH

18 05 2011

La gran marcha estudiantil del pasado jueves 12 de Mayo, puso en el tapete una vez más el descontento de los estudiantes —escolares y universitarios— con respecto al modo en que está organizado el sistema de educación chileno. No soy experto en el tema de educación, ni pretendo serlo; pero como parte de una sociedad que se califica de “democrática” —o que al menos aspira a serlo— se puede considerar válida la opinión que venga de cualquier persona. Aquí me gustaría dar opiniones en torno a los problemas que existen en el sistema universitario chileno, sin pretensiones de abordarlo en su totalidad sino en algunos de sus aspectos.

El petitorio de la CONFECH alude principalmente a problemas de índole “socio-económica” de acceso a la educación: como la educación universitaria no está garantizada realmente en Chile, las familias tienen que recurrir al endeudamiento para que sus hijos puedan entrar al sistema universitario. El problema del sistema de educación superior se entiende como fruto de una “crisis estructural” en vista de la organización del sistema en base a criterios mercantilistas y privatizadores que datan de la dictadura cívico-militar (Pinochet) el cual ha sido mantenido y profundizado durante los gobiernos de la Concertación y ahora de la “nueva derecha” —que no es más que la continuación de la derecha rancia de antaño—.

Junto con la mercantilización y privatización de la educación superior, el rol del Estado como garante de la misma ha ido continuamente desapareciendo, dejando prácticamente que el mercado educativo superior se “desregule” y que sólo rija el sistema de precios en ese ámbito. De ahí que el petitorio de la CONFECH tenga como pretensión de validez: reconstruir todo el entramado universitario con exclusión de criterios “foráneos” y “mercantilistas”, y en que el acceso a la educación esté garantizado para todos: sin distinción de “clases”. Para solucionar esto y aquello, se requiere —según el petitorio— que “el Estado debe hacerse cargo de la educación de todos los ciudadanos, independiente de la clase social a la que pertenezcan. Debe hacerlo pensando en nuevos paradigmas de calidad y con una visión de largo plazo respecto a cuál es la sociedad que se quiere construir y qué tipo de profesionales, intelectuales y técnicos necesita formar para aquello”. Se deja entrever aquí, que el compromiso que existe es con la “democratización” de la educación universitaria en función del individuo (o persona), el “bien común” y del país.

De los Principios Generales del petitorio

¿Cuáles son los principios generales del petitorio a los que se aspira? Los principios a los que aspira el petitorio podrían calificarse de “anticapitalista”, es decir: apuntan a la “des-mercantilización” de la educación universitariaen vista de que es un “derecho universal”, y no sólo un privilegio de unos pocos —de aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo o mayor “acumulación de capital”—. Para que dicha “des-mercantilización” sea posible, el Estado debe hacerse cargo de la educación (financiamiento) a través de los impuestos, para que de esa forma las universidades tengan asegurado su financiamiento sin tener que recurrir a la “competencia inter-capitalista” en aras de su funcionamiento. En esa misma línea, está el segundo principio, que aboga por el “fin del lucro” y del endeudamiento en que se encuentran sometidas la mayoría de las familias para poder financiar a sus hijos en la universidad. De ahí que el segundo principio abogue por el fin del endeudamiento tanto familiar como estatal.

El tercer principio del petitorio aboga por la autonomía de las instituciones universitarias, las cuales no deben estar supeditadas a intereses particulares: ya sean políticos (partidarios), religiosos y económicos. Según el petitorio, para que esa autonomía sea efectiva, las instituciones educativas deben “contar con una organización interna capaz de auto determinarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera”. Pero además de los requisitos ya nombrados, se requiere de democratización de las instituciones educativas y del empoderamiento de las mismas en relación a la definición de las políticas educativas sin que éstas se vean afectadas por el gobierno de turno. El cuarto principio alude a que la educación debe ser pluralista y laica, en que se no existan dogmatismos en las instituciones universitarias, y que existe un libre acceso a la información, respeto a la divergencia de opiniones, etc. Y el último principio, alude a que la educación debe ser de calidad. Aquí el petitorio entiende como educación de calidad a aquella que tenga la “capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto por el medioambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad”. Sin embargo, el petitorio no deja de lado la calidad “técnica” de la educación, ya que debe formar profesionales, técnicos e intelectuales capaces, pero a su vez “críticos”  y con ética profesional en función de la democracia y la responsabilidad social.

Insuficiencias y omisiones

No obstante todo lo anterior, algunos principios del petitorio plantean problemas. Si bien está claro que la educación es un “derecho universal” en el plano discursivo, en el plano fáctico lo cierto es que no lo es. ¿Cómo se hará garantizable el acceso a la educación mediante un mero “juridicismo” —que esté garantizado en la Constitución política— para todos? Además, ¿se desea que la oferta de la educación superior sea “gratuita” o que se realice “sin fines de lucro”? En relación a estos dos asuntos, creo que hay ciertos problemas. La educación no puede garantizarse solamente por un juridicismo: el que uno tenga garantizado de iure no es equivalente a de facto. Para que el acceso sea de facto se necesitan recursos para financiar esa garantía. Y esos recursos siempre vienen de alguna parte: ya sea mediante el pago con dinero en forma privada por parte de cualquier persona (como un bien “privado”), o mediante impuestos a todas las personas y/o empresas privadas (como un bien “público”).

A lo que voy aquí, es que realmente no se puede hacer que la educación superior sea gratuita en el sentido de que nadie tenga que dar una “retribución” por un bien social producido en sociedad. Este problema no se soluciona haciendo precisamente “gratuita” la educación superior. El problema radica más bien en el “fin de lucro” (acumulación incesante de capital en vista de la competencia inter-capitalista) que puedan tener o no las instituciones de educación superior, institutos técnicos, etc. El problema de fondo no es tanto el que esta o aquella Universidad sea privada o pública. El problema radica más bien en los supuestos en los que se sustenta la separación entre lo “público” y lo “privado”.

Generalmente se asocia lo público tanto con lo perteneciente a lo estatal y lo no-mercantil, y lo privado con lo no-estatal y mercantil. No es pertinente discutir aquí los orígenes históricos de aquella diferenciación, pero sí recalcar que se quiere cuestionar la tesis de liberalismo que “designa con el nombre de ‘sociedad civil’ solo las relaciones mercantiles privadas y presenta la producción pública, mercantil o no, como la ‘esfera del Estado’. Así se juega lo ‘civil’ contra lo ‘estatal’. Solo se conoce de ‘civil’ lo ‘privado’”.1 Con esto se quiere dar a entender que pareciera que el petitorio de la CONFECH parte del supuesto que aquí precisamente se quiere cuestionar. De hecho, en el petitorio no hay demanda alguna que aborde directamente este tema. Lo único que ahí aparece es que se debe definir un estado intermedio entre Universidad privada y Universidad pública: la Universidad con “rol público”. ¨Pero ¿quién definirá esa categoría? ¿El gobierno? ¿Una comisión de expertos? ¿El CRUCH? ¿Las Universidades tradicionales? ¿Bajo qué criterios?

A mi parecer el problema no es tanto la división entre Universidades “públicas” y “privadas”, sino los supuestos en que se fundamentan. El problema más bien podría ser la división del producto social (o “riqueza”) entre bienes mercantiles (privados o públicos) y no-mercantiles (privados o públicos) dentro en el capitalismo. Dicha distinción sí que acarrea problemas, ya que implica que ciertos bienes, al estar “mercantilizados” otorgan poder de compra a ciertos sectores sociales, en vista de que el valor de cambio de dichos bienes a través de la compra ha sido validado (o “realizado” en términos marxianos): generando así acumulación diferencial de capital, la cual, permite mantener y reproducir tales disparidades; mientras que tal realización no podría ser tal con los bienes no-mercantiles ya que no poseen valor de cambio. Esta división es problemática también porque la producción no-mercantil en parte se sustenta en la producción mercantil. Pues “puede desde ahí ser ‘derivable’ de la producción mercantil, por ejemplo, por la consideración de aquella parte que le será afectada por punción fiscal y los efectos de esta afectación sobre una economía”.2

Por consiguiente, una institución universitaria podría ser perfectamente privada, pero no necesariamente llevar a cabo una producción mercantil de carácter capitalista. ¿En vista de qué? En vista de que toda producción social tiene que enfrentarse al problema de la “validación” (o realización) de la misma, para que así tenga que ser consumida (y recomenzar el proceso productivo). Sin embargo, lo que ahí se está validando es el trabajo social en general, y no un valor de cambio (dinero) en sí mismo: “El concepto de validación es inherente entonces al trabajo como ‘forma social’ en general. Pero no el concepto de valor”.3

Con esto se quiere despedazar el imaginario “común” de pensar a la “sociedad civil” o al “mercado” como meros ámbitos de lo privado. Y se quiere despedazar el imaginario de lo privado meramente como al ámbito perteneciente a lo empresarial. Más allá de estas elucidaciones intelectuales, ¿acaso las empresas son las únicas que pertenecen al ámbito de lo “privado”? ¿Es solamente porque su objetivo es el “fin de lucro”? ¿Qué pasa entonces con las Organizaciones No Gubernamentales? ¿No pertenecen acaso también al ámbito de lo “privado” ya que se ubican en la llamada “sociedad civil”? Si fuese así, entonces el “fin de lucro” no define necesariamente lo privado.

Aquí se llega también a otro problema: el “fin de lucro” y la pretensión de “gratuidad” de la educación superior. ¿Qué se entiende por “fin de lucro”? ¿Es solamente el cobrar dinero a cambio de otorgar una mercancía (bien o servicio)? Asimismo, ¿qué se entiende por la “gratuidad” de la educación pública? ¿Es simplemente no cobrar dinero alguno, o mejor dicho, alguna “retribución” por la producción de ese bien social; o meramente cobrar lo “justo” por ese mismo bien? Si se entiende la “gratuidad” como retribuir lo “justo” entonces creo que la solución así entendida es acertada; pero si se lo comprende como no-retribución, entonces el sistema sería insostenible: pues de alguna parte tienen que venir los recursos. En este punto, me pregunto si realmente no estaríamos aquí atacando el meollo del capitalismo: la acumulación incesante de capital y su consiguiente centralización en unas pocas manos.

De esta manera, el problema del sistema educativo chileno no se soluciona meramente inyectando más dinero hacia las Universidades públicas (estatales) por sobre las privadas, en vista de que los alumnos de estas últimas supuestamente tienen la capacidad económica de pagar por sí mismo los aranceles sin tener que recurrir al financiamiento estatal. Si fuera por ese argumento, entonces las Universidades privadas no tendrían por qué entregar parte de su capital al Estado en forma de impuestos, y solamente se debería dejar circular ese dinero entre las Universidades estatales y el Estado sin que este dinero toque jamás a las privadas. Pero el caso es que, aunque se atienda a la composición estudiantil en las Universidades, solamente se realiza con prioridad en las públicas y nada sobre las privadas. Además, hay que atender a la composición estudiantil entre las públicas y las privadas, en que en éstos su composición es mayormente de estudiantes provenientes de colegios municipalizados, mientras que en aquellas universidades, su composición es mayormente originaria de colegios privados. Entonces, si resulta la reivindicación de inyectar más dinero a las Universidades públicas, ¿a quién llegará ese beneficio? Pues, ¡precisamente a quienes no les debería llegar! Por tanto, ¿la ayuda estatal no debería asistir mejor dicho a los estudiantes de acuerdo a su nivel socioeconómico en vez de si están realizando sus estudios en una universidad privada o pública?

Quizás a lo que se debería llegar no es tanto a una mayor inyección de dinero al sistema universitario chileno. A lo que se debería llegar es a una des-diferenciación entre las universidades públicas y privadas. A lo que se debería aspirar es hacia una des-mercantilización de la educación superior, que no es lo mismo que su gratuidad —por desmercantilización la entiendo como cobro de una retribución justa por la producción y uso de un producto social necesario, y no el cobro de lo mismo en vista de una tasa de ganancia—. Quizás la mejor forma de realizar esta aspiración podría ser la de “pago por tramos”, en que se divida a la población por tramos socioeconómicos, y que retribuya por la educación de acuerdo a su nivel socioeconómico.

Notas finales

1Jacques Bidet, Refundación del marxismo. Explicación y reconstrucción de El capital, Lom ediciones, 1° edición, 2007, Chile, p.234

2Jacques Bidet, Ibíd., p. 236

3Jacques Bidet, Ibíd., p. 235

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2 respuestas

8 08 2011
Igor Williams De Castro

Bueno el análisis luce razonable, la educación es un “bien costoso” en cualquier parte del planeta y como dice el refrán “Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia”, el caso de Chile lo veo con interés porque en Venezuela en búsqueda de esa “gratuidad” y de ese “derecho de todos a la educación universitaria”, no se ha atacado el problema de origen el cual es que la educación básica y de bachillerato pública es pésima en contraste con la privada que es de mucho mas calidad, así las cosas; la actual gratuidad universitaria beneficia desde hace muchos años a los egresados de la educación privada…para resolver esto crearon unas “pseudo universidades” con el fin de garantizar la igualdad y créanlo, el remedio es mucho peor que la enfermedad. Creo que la solución es una educación de calidad pública en primaria y bachillerato que permita que las “mejores mentes” entren a la universidad no por su capacidad económica sino intelectual, y que los que no cuenten con los recursos para sufragarla se les asignen vauchers para pagar las mismas, pero pretender meter a todo el mundo en la Universidad es el equivalente a querer meter a todos en la Selección Nacional de Fútbol, se supone que solo deberían ir los que cuentan con las mejores cualidades para garantizar el triunfo.

27 03 2013
prnewswire.com

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